A pesar de esta inconsistencia, KOSFAX S.A. está habilitada en el registro único de proveedores del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP), y en el 2008, a través de un concurso del sistema de compras públicas, la Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas, le adjudicó un contrato de “mejoramiento de áreas” del Hospital Delfina Torres de Concha, por un valor aproximado de $187.000.
Este tipo de ejemplos ha desencadenado el cuestionamiento de varios expertos en derecho sobre la gestión eficiente del INCOP.
Uno de ellos es León Roldós, quien manifestó que esta institución “ha caído en la misma trampa que todos los Gobiernos, que admiten empresas de papel para que no haya ningún problema laboral o tributario”, con respecto a beneficiar a una empresa en particular para la concesión de un contrato.
En contraste, Jorge Luis González, director ejecutivo del INCOP, indicó que para habilitar en el registro de proveedores a una persona jurídica (empresa), “lo único que hacemos es revisar que hayan culminado su proceso legal de constitución, nosotros no podemos ir más allá porque hay un proceso que otras autoridades públicas tienen que observar. Si se trata de una empresa de papel yo no las puedo calificar así, porque justamente tuvo una aprobación, ya sea de la Superintendencia (de Compañías) o de cualquier otro organismo”.
Sin embargo, para Roldós “el INCOP tendría que comprobar que todo proveedor sea verdadero”, y en el caso de que no lo sea, dijo, debe caer la “responsabilidad sobre la matriz”.
González comentó que “esta no es una entidad que sanciona, pero hemos adscrito convenios con algunos organismos para canalizar irregularidades, por ejemplo con la Contraloría General del Estado y con la Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión”.
Con respecto a esta última, Roldós expresó que es un espacio político de la Presidencia de la República “que no hará nada si no lo quiere el Presidente. Es un membrete, no tiene otro significado”..
En cuanto a la Contraloría, señaló que su mayor inconveniente es que sus procedimientos “son lentos”.
Además, el ex legislador comentó que el INCOP presenta otros problemas como la “deslegitimación de procesos”, al referirse al método de la subasta inversa que se maneja en la contratación pública.
“Conceptualmente no es oponible una idea de subasta inversa, pero en muchos casos, como por ejemplo en la compra de medicamentos en el IESS, los precios referenciales que se ponen están muy por encima de los valores del mercado, de los precios fijados por la ley. Dicen !hemos ahorrado mucho dinero!, cuando en la convocatoria hay un sobreprecio falso. Entonces no hay ahorros tales”.
Ante este argumento, el titular del INCOP explicó que “los presupuestos referenciales con los que arranca todo procedimiento de contratación, lo establecen las entidades contratantes y los organismos que requieren los bienes o servicios”, y agregó que la ventaja de la subasta inversa es que existe “una puja económica hacia la baja del precio referencial”.
Roldós opinó que “hay un esfuerzo normativo valioso que yo lo aplaudo, pero la deficiencia en el seguimiento de control de procedimientos es realmente angustiosa por la pillería o la sapada de quienes deben hacerlo, o por las decisiones políticas que están por encima de la voluntad de quienes están en el INCOP”.
